Causas y conceptos

El despido improcedente ocurre cuando el empleador termina la relación laboral sin una justificación legal adecuada o sin seguir los procedimientos establecidos por la normativa vigente. En otras palabras, se considera improcedente cuando el empleador no presenta una causa válida que justifique la extinción del contrato de trabajo, o cuando no cumple con los requisitos formales, como entregar la carta de despido o dar un preaviso adecuado.

El artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores en España establece que el despido solo será procedente si el empleador demuestra causas objetivas o disciplinarias legítimas. Si el empleador no puede probar una justificación razonable o si el despido no sigue el procedimiento legal, el despido será improcedente. En este caso, el trabajador tiene derecho a que lo readmitan en su puesto o a recibir una indemnización económica como compensación.

Existen diversas causas que pueden convertir un despido en improcedente. Por ejemplo, el despido puede ser arbitrario, sin causa objetiva, o motivado por razones discriminatorias, como el despido por maternidad o el despido por motivos de género o raza. Además, si el empleador no respeta el procedimiento legal establecido, como no presentar la carta de despido en tiempo y forma o no demostrar las causas que fundamentan la decisión, el despido también será improcedente. Los derechos de los empleados se ven claramente vulnerados, lo que permite que el despido sea impugnado, tal como lo establece el Estatuto de los Trabajadores.

Efectos y Consecuencias del Despido Improcedente

Cuando un trabajador sufre un despido improcedente, tiene derecho a que el despido se declare nulo o improcedente, lo que implica que el contrato de trabajo se mantiene vigente. En ese caso, la empresa deberá reincorporar al trabajador a su puesto de trabajo y pagar los salarios que el empleado dejó de percibir durante el tiempo que estuvo despedido. Este proceso puede ser costoso para el empleador, ya que no solo tendrá que readmitir al trabajador, sino también pagar una indemnización que depende de la duración de la relación laboral y el tipo de despido.

Además, el despido improcedente puede traer consecuencias legales para la empresa. El empleador puede enfrentar una demanda por vulneración de derechos fundamentales del trabajador, lo que podría resultar en sanciones o medidas correctivas impuestas por los tribunales laborales. También es posible que la empresa deba pagar salarios de tramitación, que son los salarios correspondientes al período en que el trabajador esperó la resolución del proceso judicial. Este hecho puede afectar tanto a la economía de la empresa como a su imagen pública. Las empresas que despiden de manera improcedente suelen dañar su reputación, lo que dificulta la atracción de nuevos empleados o el mantenimiento de relaciones laborales estables en el futuro.

Por esta razón, las leyes sobre despido improcedente buscan garantizar que las empresas respeten los derechos de sus empleados. Los trabajadores tienen derecho a exigir un proceso justo, respaldado por los tribunales competentes, como el Tribunal Supremo.

Derechos del Trabajador Ante un Despido Improcedente

Cuando un trabajador es despedido de forma improcedente, tiene derecho a recibir una indemnización. Si no lo reincorporan a su puesto de trabajo, puede exigir una compensación económica, la cual se calcula según el tiempo de servicio y el tipo de contrato. En el caso de España, la indemnización por despido improcedente se calcula con base en 33 días de salario por cada año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.

Además de la indemnización, el trabajador puede solicitar su readmisión en el puesto de trabajo. Si el trabajador decide ser reincorporado, su contrato de trabajo se mantendrá en las mismas condiciones que antes del despido, sin sufrir ningún perjuicio en cuanto a su salario, jornada laboral o categoría profesional. Si opta por no ser readmitido, recibirá la compensación económica correspondiente. Este derecho es esencial para garantizar que los empleados puedan mantener su estabilidad laboral y económica tras un despido injustificado.

En algunos casos, los trabajadores pueden recurrir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) para resolver sus diferencias con el empleador antes de llegar a la vía judicial. Este proceso de conciliación ofrece una forma más rápida y menos costosa de resolver el conflicto, sin necesidad de recurrir a litigios. Los detalles de estos procesos están disponibles en el SMAC.

Procedimiento Judicial Ante un Despido Improcedente

Si el empleador no cumple con los requisitos legales para efectuar el despido o si la causa del despido no es suficiente, el trabajador puede presentar una demanda judicial. El proceso comienza con la demanda ante el Juzgado de lo Social, que será el encargado de evaluar las pruebas y decidir si el despido es procedente o improcedente.

Después de presentar la demanda, el juez citará a ambas partes para una audiencia en la que se examinarán los argumentos y las pruebas. El juez emitirá una sentencia, que podrá ser favorable o desfavorable para el trabajador. Si el despido se declara improcedente, el juez ordenará la readmisión del trabajador o el pago de una indemnización por parte de la empresa. Para más detalles sobre cómo funcionan estos procedimientos judiciales, se puede consultar información sobre los Juzgados de lo Social.

Es importante destacar que el trabajador tiene un plazo limitado para presentar la demanda. En España, el plazo para impugnar un despido improcedente es de 20 días hábiles desde la notificación del despido. Si el trabajador no presenta la demanda dentro de este plazo, el despido se considerará válido, incluso si es improcedente.

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